Para la Fiscal Lucy Laborde, hay inferencia razonable de autoría o participación, uno de los ítems tenido en cuenta por el juez para determinar si accede o no a la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdiputado Nicolás Petro Burgos, quien fue imputado por los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido de contratos.  

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Aseguró la Fiscal que hay elementos materiales probatorios que señalan que Nicolás Petro estaría presuntamente implicado en los delitos de falsedad en documento privado y público frente a los hechos en donde el exdiputado del Atlántico, al parecer, solicitó un certificado en favor suyo y de Dayuris que consta que al 31 de diciembre de 2020 habían aportado 49 millones a un proyecto de vivienda, pero en realidad habían sido 19 millones. 

Así mismo habrían emitido un certificado de un valor irreal de 100 millones para la adquisición de un inmueble en Villa Palmarito, en Tubará, cuando en realidad fueron pagados 50 millones.   

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Todo esto para dar apariencia de legalidad a los dineros que le ingresaron.

La forma en que distribuyeron sus gastos

La Fiscalía, argumentando su solicitud de cárcel para Nicolás Petro, reveló un audio de Whatsapp donde se escucha a Nicolás hablando sobre los supuestos gastos que tenía él y Daysuris y que cubrirían con el dinero aparentemente sustraído a través de la Fundación de Conciencia Social, Fucoso, de los contratos adquiridos en la Gobernación del Atlántico para la atención de personas de la tercera edad en los municipios.    

En uno de los audios Nicolás Petro indica que tienen 60 millones de pesos, pero de allí tienen que sacar 10 para Daysuris, 18 para el exdiputado y tenían que pagar el arriendo, 4 millones de una deuda que tenían, cancelar las cortinas, el mueble, un televisor, recibos de servicios públicos, muchacha de servicio, el mercado, etc. 

Ante estos gastos, Nicolás Petro le propuso a Daysuris aguantar el pago del inmueble que pretendía comprar en Villa Palmarito para no quedar “cortos”.

"La medida de aseguramiento es necesaria" 

La Fiscalía consideró que es necesaria la medida de aseguramiento en centro carcelario para Petro Burgos porque “es adecuada, razonable y proporcional” para evitar la obstrucción a la justicia.

“Se solicita se restrinja la libertad imponiendo una medida de aseguramiento en centro de reclusión toda vez que existe motivos graves”, dijo la Fiscal.

La funcionaria de la Fiscalía expresó que por su influencia política Petro Burgos tiene los medios necesarios aparentemente para ocultar pruebas, conseguir certificados falsos, tener accesos a testigos y  privilegios para saber de la investigación, por lo que considera que la obstrucción a la justicia es “evidente”.  

Dijo que así quedó demostrado haciendo certificados falsos como declaración de renta y puede destruir pruebas que aún no ha sido recaudada por parte del ente acusador sino hay un medida intramural contra el exdiputado.

Así mismo reiteró que alguien fuera de la Fiscalía accedió al proceso de Nicolás Petro el 10 de septiembre de 2025, a las 8 de la mañana, y ya en horas de la tarde él envió un poder especial ante los Centros de Servicios Judiciales de Barranquilla y Bogotá que le daría potestad Alejandro Carranza para defenderse, pero no envió la misma documentación a la fiscal del caso. 

Es decir, la Fiscalía se pregunta “cómo obtuvo acceso al radicado del sistema SPOA” del proceso investigativo del caso de Fucoso.

“Esto es preocupante lo que está sucediendo con el SPOA relacionado con este proceso”, dijo la Fiscal. 

La Fiscalía indagó lo sucedido y logró establecer que un policía entró al sistema SPOA  y se está investigando a qué unidad pertenece este uniformado y con qué fin accedió para conseguir esta información.

Bajo estos argumentos, la Fiscalía reiteró su solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario al hijo del Presidente.

Además, la fiscal pidió que la imposición de medida de aseguramiento se establezca en una cárcel de Barranquilla para que pueda asistir Petro Burgos de manera presencial cuando inicie el juicio por el proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se sigue en el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla.

Esta solicitud se dio porque actualmente Nicolás Petro se encuentra en Bogotá y no ha podido pagar un tíquete aéreo hacia la capital del Atlántico por estar incluido recientemente en la ‘Lista Clinton’ de Estados Unidos.

De esta manera, si se impone una medida de aseguramiento en Barranquilla el Inpec podrá trasladarlo a un centro carcelario de esta ciudad.

Tras finalizar la intervención de la Fiscalía, el juez programó para las 8 de la mañana del lunes 15 de diciembre para que intervenga el representante de la Procuraduría y posteriormente lo hará la defensa el jueves 18 de diciembre, desde las 8 de la mañana y durante todo el día.